La igualdad es una de las banderas del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, pero en términos salariales, año a año, las diferencias entre los empleados públicos de las distintas Administraciones no han dejado de crecer. Una brecha que todavía se ha acentuado más con el recortazo de las nóminas lanzado desde el Gobierno.
Mientras que un auxiliar de la Administración General del Estado (AGE) percibe una retribución media anual de 12.232 euros brutos, otro auxiliar que forme parte del personal laboral de las Islas Baleares se embolsa 21.145 euros, o lo que es lo mismo, un 72% más por desempeñar las mismas funciones, según la Federación de Empleados Públicos de la Unión Sindical Obrera (FEP - USO).
La mayoría de las regiones pagan mejor a sus funcionarios o empleados laborales que el propio Estado. De las distintas categorías que existen dentro del personal funcionarial, las nóminas que ingresa el Estado cierran el ránking en varias de ellas. Un ordenanza o un administrativo que trabaje para cualquier ministerio, cobra, de media, un 30% menos que cualquier colega que lo haga para una consejería del mismo ramo.
Desde el Ministerio de Presidencia, órgano encargado de pactar las retribuciones de estos empleados, aseguran que “todos los trabajadores de las administraciones parten de la misma base salarial. La diferencia reside en los complementos que cada departamento autonómico o local define para sus empleados”. Además, recuerdan que en el período 2000-2009 los funcionarios de la AGE “han mejorado su poder adquisitivo un 3,9%”.
Reivindicaciones
Pero los sindicatos de la función pública, como FEP-USO, no están solos. Otros más específicos, como la Confederación Española de Policía (CEP), consideran que “hay que lograr la equiparación salarial para empleados que realizan las mismas funciones”. Su representante, Herman Pascual, señala que “la verdadera diferencia se encuentra en los ayuntamientos”.
La brecha salarial entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado ha sido motivo de disputa durante varios meses, e incluso llevó a la Policía Nacional y a la Guardia Civil a realizar distintos actos reivindicativos, como la presunta huelga de “bolis caídos” que llevan a cabo desde hace meses los agentes de la Benemérita, y que habrían reducido la tramitación de multas de tráfico hasta un 80%, como pulso para lograr mejoras salariales.
Así todo, un agente de la Policía Nacional cobra 26.368 euros brutos anuales, frente a los 31.068 euros que se embolsa un mosso d’esquadra (policía catalán) o los 33.506 euros que gana un ertzaina (policía vasco). Aunque a estas diferencias del 17,8% y 27%, respectivamente, las supera con creces los 38.832 euros que gana un policía local en Madrid, y que supone una diferencia del 47% respecto al montante anual que abona Interior a los agentes nacionales.
Aunque tanto en el caso de los policías locales, como en el del resto de trabajadores que están en la nómina de los 8.111 municipios españoles, las horas extra son clave. El responsable de FEP-USO, Luis Deleito, asegura que “es muy complicado” conocer ciertamente lo que abonan los consistorios a sus empleados “porque la mayoría optan por abonar horas extra en vez de contratar personal”, algo que no ocurre dentro de la AGE, ya que desde Presidencia aseguran que “el Estado sólo paga productividad”. Incluso, la CEP afirma que algunos agentes autonómicos y locales pueden ganar 90 euros por hora por desempeñar sus funciones fuera de la jornada laboral estipulada.
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