Víctimas, 6 de febrero: José Antonio Vivó Undabarrena, José María Ryan Estrada, Cristóbal Colón de Carvajal y Maroto, Manuel Trigo Muñoz, Francisco Carrillo García, Ramón Carlos Navia Refojo, Juan Antonio Núñez Sánchez, Antonio Ricote Castilla, Emilio Domingo Tejedor Fuentes y Fernando Múgica Herzog

Libertad Digital.



El día 6 de febrero es un día trágico para diez familias, pues ese día se salda con un total de diez víctimas mortales en cinco atentados diferentes: tiros en la nuca, ametrallamiento, secuestro y posterior asesinato, coche bomba... Diferentes modus operandi pero igual resultado: diez familias destrozadas, diez proyectos truncados, más huérfanos, más viudas...
El 6 de febrero de 1979 es asesinado a tiros José Antonio Vivó Undabarrena. El 6 de febrero de 1981 apareció cerca de Galdácano el cadáver de José María Ryan Estrada, secuestrado ocho días antes en Bilbao. El 6 de febrero de 1986 son ametrallados en Madrid Manuel Trigo Muñoz yCristóbal Colón de Carvajal y Maroto. El 6 de febrero de 1992 la explosión de un coche bomba en la plaza de la Cruz Verde de Madrid destroza una furgoneta militar y provoca la muerte de Antonio Ricote CastillaFrancisco Carrillo PérezJuan Antonio Núñez SánchezRamón Carlos Navia Refojo y Emilio Domingo Tejedor Fuentes. Por último, el 6 de febrero de 1996 es asesinado de un tiro en la nuca en San Sebastián Fernando Múgica Herzog.
El 6 de febrero de 1979 es asesinado el alcalde de Olaberría, diputado foral de Guipúzcoa y miembro del partido Guipúzcoa Unida, JOSÉ ANTONIO VIVÓ UNDABARRENA. Además, José Antonio era jefe de personal de Aristrain desde 1956.
Sobre las 21:15 horas dos encapuchados tocaron al timbre de su domicilio (un cuarto piso). Previamente habían robado un vehículo a punta de pistola, secuestrando a su conductor, al que dejaron atado a un árbol en Beasain. La esposa de José Antonio abrió la puerta y, tras amenazarla a ella y a dos de sus hijos, y arrancar los cables del teléfono, se lo llevaron por la fuerza. A los pocos segundos se oyeron varias detonaciones en el portal y, cuando bajaron, pudieron comprobar que José Antonio había recibido 3 impactos de bala en estómago, costado y omoplato. Trasladado a la clínica San Miguel de Beasain ingresó cadáver.
La capilla ardiente se instaló en el Palacio de la Diputación Foral de Guipúzcoa y sus restos fueron inhumados en Polloe.
La terrorista que efectuó los disparos acabando con la vida de José Antonio Vivó fue Mercedes Galdós Arsuaga, detenida en 1986 y condenada a 29 años de prisión en 1988. El pistolero que le acompañaba y que, según la sentencia, disparó al unísono contra José Antonio, Félix Ramón Gil Ostoaga, fue condenado a las mismas penas en 1994. También participó en el asesinato el etarra José María Zaldúa Corta, al igual que en el atentado de Azpeitia del 13 de enero de 1979 que acabó con la vida de tres guardias civiles. Zaldúa Corta nunca fue juzgado en España por sus crímenes. Murió de un infarto en Francia en septiembre de 2010.
En mayo de 2002 se le concedió el tercer grado a Gil Ostoaga, tras haber cumplido sólo 13 años de condena, gracias a una reducción de pena por trabajo en prisión.
En septiembre de 2005 Mercedes Galdós, la terrorista que más atentados criminales ha cometido por orden de la banda, quedó en libertad tras cumplir 19 años del límite máximo de 30 de cumplimiento efectivo, al aplicársele el Código Penal de 1973. Había sido condenada a un total de 829 años de prisión y pese a ser una de las fundadoras del grupo Nafarroa de la banda asesina y reconocer su implicación directa en 17 asesinatos cometidos desde 1977, consiguió redimir hasta más de 10 años gracias a sus estudios de pedagogía y sus actividades de limpieza, aerobic, mecanografía o fútbol sala.
José Antonio Vivó Undabarrena era natural de Espinosa de los Monteros (Burgos). Tenía 49 años y estaba casado con Julieta Subijana, nacida en Francia pero oriunda de San Sebastián. Tenía seis hijos: tres estudiantes, dos casados y uno haciendo el servicio militar.
El 6 de febrero de 1981 apareció, con las manos atadas y un tiro en la nuca, el cadáver del ingeniero JOSÉ MARÍA RYAN ESTRADA, secuestrado en Bilbao ocho días antes, el 29 de enero. José María era ingeniero jefe de la central nuclear de Lemóniz (Vizcaya). Tanto las instalaciones de la central, como la empresa Iberduero (promotora de la planta) y otras empresas vinculadas a la construcción de la misma, llevaban tiempo sufriendo una larga campaña de atentados y amenazas. El proyecto se inició en 1972 y, desde el principio, se vio contestado por los ecologistas y por vecinos y ayuntamientos de la zona, que se oponían a la construcción de la misma. Desde 1977, la banda asesina ETA se unió a la causa anticentral, y empezó a atacar objetivos relacionados con la misma. En cinco años, ETA perpetró un total de 246 acciones terroristas que dejaron un saldo de cinco empleados muertos y catorce heridos.
Las semanas previas a su secuestro, José María andaba preocupado, como presintiendo que algo le podía pasar, tal y como ha confirmado a Libertad Digital su viuda, Pepi Murúa. En la misma conversación, Pepi ha contado a este periódico como, quince o veinte días antes de su secuestro, un tío jesuita de José María, el tío Jesús, le dijo: "José Mari ten cuidado. Deja Lemóniz, que algo he oído". José María no le contó nada de esta conversación a su mujer, de la que se enteró con posterioridad a su asesinato.
José María fue secuestrado cuando se dirigía a su casa desde la central. Salió de la empresa a las 19:40 horas, un poco antes de lo habitual, pues quería escuchar a Adolfo Suárez, que había dimitido, y estaba invitado a cenar con su mujer en casa de unos cuñados. No llegó nunca a casa. Fue trasladado oculto en un camión hasta una lonja en la calle Nagusia de Basauri, donde tenían habilitado un zulo. Por sentencia de 23 de diciembre de 2003 se sabe que esa lonja era la misma en la que estuvo secuestrado José Lipperheide Henke en 1982.
Al día siguiente, el 30 de enero, los etarras difundieron un comunicado en el que se condicionaba la liberación del secuestrado a la demolición, en un plazo máximo de siete días, de la central nuclear. Iberduero informó que acataría la decisión que tomasen las autoridades vascas, al tiempo que los técnicos de la compañía se comprometieron públicamente a no hacer funcionar la central hasta que se decidiera su futuro en un referéndum popular.
Pero todo fue inútil y ETA cumplió su amenaza, emitiendo un comunicado infame en el que decían que la organización había condenado a muerte al ingeniero tras cumplirse el plazo de siete días para que se hiciesen efectivas las condiciones de las que dependía la suerte del secuestrado. Literalmente, la banda asesina decía que José María Ryan "ha comparecido ante un consejo revolucionario que le ha encontrado culpable de ser coautor en grado máximo de las decisiones y ejecutorias llevadas a cabo por Iberduero, SA, en la central nuclear de Lemóniz y, por tanto, puede ser ejecutado en cualquier momento a partir de esta hora". El comunicado amenazaba también a "todos los cuadros superiores y mandos responsables de Lemóniz", a quienes "advierte que la ejecución del ingeniero jefe de explotación no es un hecho aislado, sino la apertura de un nuevo frente de actuación que les afecta a todos ellos". ETA, tras desmentir que se hayan producido intentos de negociación, acusa al Gobierno español y a Iberduero de "haber vuelto la espalda a Ryan y a su familia, dejando pasar los días sin contestar a nuestro ofrecimiento de puesta en libertad".
A las 21:30 horas del 6 de febrero ETA informó del lugar donde se podría localizar el cadáver de José María. En torno a las 22:00 horas, al borde de un camino forestal de difícil acceso cerca de Galdácano se encontró el cadáver de José María. Tendido boca arriba, con una venda en los ojos, las manos atadas con esparadrapo y la cabeza cubierta por la gorra de su anorak.
El secuestro y asesinato de José María Ryan causó una gran conmoción social, similar a lo que años más tarde ocurriría con Miguel Ángel Blanco. En ambos casos los secuestros fueron una sentencia de muerte anunciada, por la imposibilidad de cumplir las condiciones pedidas por los etarras, lo que añadió mayor sufrimiento a la familia. Los ciudadanos, igual que con Miguel Ángel, se lanzaron a la calle para pedir su liberación y su asesinato tuvo también una respuesta social el 9 de febrero, con más de cien mil personas en Bilbao y varias decenas de miles en San Sebastián y en Vitoria.
En el secuestro y posterior asesinato de José María Ryan participó, presuntamente, Alfonso Echegaray Achirica, etarra deportado por Francia, primero a Ecuador (en julio de 1985) y posteriormente a Santo Tomé y Príncipe, donde en 1991 solicitó la nacionalidad de ese país. Echegaray Achirica fue, además, quien desveló en 1986 desde Ecuador el zulo donde tenían secuestrado al directivo del Athletic de Bilbao, Juan Pedro Guzmán, lo que permitió que fuese liberado por los GEO el 10 de enero de 1986. El zulo era el mismo en el que habían tenido secuestrado a Ryan y a Lipperheide. En marzo de 2011 Echegaray figuraba junto a otros treinta y tres etarras en la lista negra de terroristas que elabora y actualiza el Departamento de Estado de los EEUU.
También participó presuntamente en el secuestro y asesinato de José María Ryan el etarra Juan Cruz Maiza Artola, alias LohiPintxoPatxi y Gurutz. Maiza Artola es otro de los innumerables casos de etarras que, tras huir de España y pasar a Francia, ha residido durante un tiempo en la retaguardia de la banda en Centroamérica, para después reincorporarse a la dirección de la banda. En marzo de 1986, cuando se difundió la noticia de que podía estar encuadrado en el grupo Nafarroa de ETA, el Ayuntamiento de Etxarri Aranaz adoptó el acuerdo de declararle "persona respetable y de intachable comportamiento". Con un largo historial de asesinatos a sus espaldascometidos en Vizcaya y Navarra en la década de los ochenta, fue detenido en Francia en julio de 2007. En esos momentos las Fuerzas de Seguridad lo consideraban el responsable de los zulos de la banda. En junio de 2009 Francia autorizó su extradición a España para ser juzgado por cinco asesinatos cometidos a comienzos de los años ochenta en Vizcaya, entre ellos el de José María Ryan.
José María Ryan Estrada tenía 39 años. Nacido en Bilbao, aunque de origen irlandés. En su ciudad natal cursó estudios de ingeniería industrial. Posteriormente se trasladó a Estados Unidos, donde se especializó en energía térmica y nuclear. En 1966 entró a trabajar para Iberduero, como ingeniero de la central térmica de Santurce. Después fue destinado como ingeniero jefe de explotación de la futura central nuclear de Lemóniz. Era una persona muy querida y un profesional extraordinario, con una calidad humana impresionante. Estaba casado con Pepi Murúa, dentista, y tenía cinco hijos de corta edad: José María (9), Álvaro (8), Eduardo (6), Pablo (cumplió 5 al día siguiente del asesinato, el 7 de febrero) y David (1).
El 6 de febrero de 1986 son asesinados en Madrid el vicealmirante de la Armada CRISTÓBAL COLÓN DE CARVAJAL Y MAROTO y MANUEL TRIGO MUÑOZ conductor de su vehículo oficial. Resultó herido grave el comandante Antonio Rodríguez-Toubes.
Eran las primeras víctimas de las 42 del año 1986. Por primera vez en su historia, ETA asesinó a más personas en Madrid que en el País Vasco. El cambio vino provocado, entre otras cosas, porque la banda asesina trataba de compensar su debilidad debido a la creciente colaboración francesa (ese año pusieron a disposición de las autoridades españolas a 138 etarras) realizando más atentados en Madrid, donde conseguían más impacto.
Eran las 10:20 horas cuando dos terroristas armados con metralletas y granadas atacaron el vehículo en el que viajaban el vicealmirante Cristóbal Colón de Carvajal y Maroto, el comandante de Infantería de Marina Antonio Rodríguez-Toubes y el conductor del vehículo oficial, Manuel Trigo Muñoz. La emboscada la tendieron en la calle Tambre, en la colonia de El Viso de Madrid. Los terroristas esperaron al coche oficial y dispararon varias ráfagas de ametralladora, que provocaron que Manuel Trigo perdiera el control y chocase contra otro vehículo aparcado en la calle. Ese momento fue aprovechado por los pistoleros para acercarse y arrojar una granada de mano que explotó dentro del coche.
Cristóbal Colón de Carvajal y Maroto y Manuel Trigo Muñoz murieron en el acto, mientras queAntonio Rodríguez-Toubes, de 45 años, quedó gravemente herido. Tardó 1.096 días en recibir el alta médica, quedándole como secuela una incapacidad permanente para ejercer su profesión.
En 1992 fue condenado por este atentado Henri Parot. Sin embargo no pudo ser juzgado en España el presunto organizador del mismo, José Luis Arrieta Zubimendi, alias Azkoiti, pese a que se solicitó en varias ocasiones su extradición. El terrorista murió en la clandestinidad en Francia en julio de 2001. Responsable del aparato financiero de la banda, Arrieta Zubimendi fue detenido en Francia en 1986 en la operación contra la cooperativa Sokoa, en la que se halló abundante documentación sobre la banda. En 1989, fue condenado por el Tribunal Correccional de París a cinco años de prisión por asociación de malhechores con fines terroristas y tenencia ilícita de armas. En 1992, fue excarcelado y confinado en Corbere les Cabanes, al lado de Perpiñán (sur) y, en febrero de 1993 fue detenido en Toulouse por orden de la juez Laurence Le Vert, para interrogarle sobre su presunta relación con el asesinato en 1985 del francés Clement Perret (supuestamente relacionado con el GAL). Pero en 1994 Azkoiti violó las condiciones de su control judicial y volvió a la clandestinidad, en la que ha permanecido desde entonces. En 1998, el tribunal de lo criminal de París condenó en rebeldía a Arrieta Zubimendi a cadena perpetua en relación con el asesinato del francés Clement Pret. Enfermo desde hacía tiempo, falleció de un infarto sin que se le haya podido juzgar por sus crímenes en España. 
Cristóbal Colón de Carvajal y Maroto, vicealmirante de la Armada y duque de Veragua, era el 19º descendiente directo del descubridor de América. De 61 años, estaba casado y tenía seis hijos. Dedicó toda su vida profesional a la Armada y llegó a ser comandante del buque escuela Juan Sebastián Elcano. Expresó en vida su voluntad de que el epitafio de su tumba rezara "Aquí yace un marino". Su funeral y el de Manuel Trigo fue presidido por el conde de Barcelona, don Juan de Borbón, en el Museo Naval de Madrid.

Manuel Trigo Muñoz era funcionario civil de la Armada desde 1973, integrado en el Cuerpo Especial Mecánico de Conductores, y conductor del vehículo oficial del vicealmirante Colón de Carvajal desde hacía dos años. Natural de Linares (Jaén), tenía 55 años, casado y con dos hijos.


Eran poco más de las 8:30 horas del 6 de febrero de 1992 cuando la explosión de un coche bomba con 50 kilos de amonal y tornillería en la plaza de la Cruz Verde, en pleno centro de Madrid, destrozó una furgoneta militar haciendo temblar varios edificios próximos. El vehículo militar iba camino de la sede de la Capitanía General, ubicada en la calle Mayor, y cuando explotó el coche bomba apenas le quedaban trescientos metros para llegar a su destino.
El atentado provocó cinco víctimas mortales: los capitanes JUAN ANTONIO NÚÑEZ SÁNCHEZ, RAMÓN CARLOS NAVIA REFOJO EMILIO DOMINGO TEJEDOR FUENTES, el soldado que conducía la furgoneta, FRANCISCO CARRILLO GARCÍA, y un funcionario del Ejército de Tierra, ANTONIO RICOTE CASTILLA.
Además, la onda expansiva causó numerosos estragos materiales en los inmuebles de alrededor y heridas de gravedad a Antonio Crispín González y a Aurelio Matías Martínez. Otros doce transeúntes resultaron heridos de menor gravedad.
El brutal atentado produjo una reacción social inmediata, y ese mismo día, por la tarde, miles de ciudadanos se concentraron en la Puerta del Sol de Madrid, convocados por el Ayuntamiento, la Comunidad Autónoma, partidos y sindicatos, para expresar su repulsa contra el quíntuple asesinato. La reacción del presidente del Gobierno, Felipe González, también fue rotunda y se mostró partidario de emprender acciones judiciales contra HB: "hay que actuar firmemente no sólo contra los terroristas que ponen las bombas, sino contra los que les dan amparo y les ayudan de manera directa o indirecta".
En diciembre de 2003 fueron juzgados por este atentado los etarras Gonzalo Rodríguez Cordero, José Gabriel Zabala Erasun e Ignacio Echevarría Martín, alias Mortadelo (detenido en Francia en 1996 y extraditado en 1998), este último como autor material, pues supuestamente fue el que accionó el coche bomba. Los asesinos provocaron desórdenes de todo tipo, profirieron gritos a favor de la banda e incluso uno de ellos (Rodríguez Cordero) llegó a desnudarse en la sala para forzar su expulsión, provocando la indignación de las viudas y otros familiares de los cinco asesinados que llegaron a desafiar a los asesinos diciéndoles que "si son valientes para matar, que sean valientes para quedarse en el juicio". Por sentencia de 2004 quedó establecido que Zabala Erasun y Rodríguez Cordero fueron los que prepararon el coche bomba siguiendo órdenes de la dirección de ETA. El fallo establece que Echevarría y otros dos terroristas no identificados, miembros del grupo Madrid de ETA, fueron los autores directos y materiales del quíntuple asesinato.
Francisco Carrillo García tenía 22 años. Era el soldado conductor del furgón militar. Natural de Madrid, estaba soltero. Cuando tenía nueve años se trasladó con su familia a Lugo, donde estudió primaria y secundaria. Posteriormente se trasladó de nuevo a Madrid para finalizar sus estudios de Óptica, tras lo cual se incorporó al servicio militar. Se iba a licenciar en abril de 1992. Fue enterrado en el cementerio de La Almudena de Madrid.

El capitán de Artillería Ramón Carlos Navia Refojo tenía 46 años. Natural de Pontevedra, estaba casado con Carmen Miranda y tenía dos hijas de 19 y 14 años. Sus restos mortales fueron enterrados en el cementerio madrileño de Carabanchel. La madre del capitán Navia, Emilia Refojo, sufrió un amago de infarto en el hospital al que fue trasladado el cadáver de su hijo.

Juan Antonio Núñez Sánchez era capitán de Caballería, natural de La Alameda de Gardón (Salamanca). Tenía 54 años, y estaba casado con dos hijos: un hijo de 26 años, también militar, y una hija de 23.


Antonio Ricote Castilla era funcionario civil de Correos y Telégrafos, adscrito al Ministerio de Defensa. En el momento de su asesinato estaba destinado en la Capitanía General de Madrid. Estaba casado y tenía dos hijos.


Emilio Domingo Tejedor Fuentes era capitán de la escala auxiliar de Infantería y tenía 50 años. Natural de la localidad zamorana de Fresno de Sayago, estabacasado y tenía un hijo de 23 años.
 


El 6 de febrero de 1996 es asesinado en San Sebastián FERNANDO MÚGICA HERZOG. En torno a las 13:30 horas, Fernando acudía desde su despacho a un aparcamiento próximo. Dos pistoleros de ETA le salieron al paso, y uno de ellos le disparó un tiro en la nuca. Su hijo José María se encontraba en la misma calle donde asesinaron a Fernando y fue encañonado por los terroristas en su huida. 
El asesinato de Fernando tuvo lugar en plena campaña de las elecciones generales de 1996 que dieron la victoria al PP de José María Aznar. Fue el primer asesinato de un año en el que la actividad terrorista de ETA estuvo en unos niveles mínimos y que terminaría con un total de cinco asesinados. Sin embargo, el vandalismo callejero, conocido como kale borroka, se encontraba en su punto más alto.
Igual que había ocurrido hacía un año con Gregorio Ordóñez, a Fernando Múgica lo mataron por sus ideas y por ser hermano de Enrique Múgica, ex ministro de Justicia entre 1988 y 1991, e impulsor en su día de la política de dispersión de los presos de ETA.

Fernando Múgica era un histórico dirigente del socialismo guipuzcoano desde la clandestinidad de los últimos años de la década de los cincuenta. Fernando era también un hombre valiente que se negó a abandonar el País Vasco pese a que se sentía amenazado y presentía que podían asesinarle. "Yo no dejo mi tierra en manos de estos asesinos" cuenta su viuda, Mapi de las Heras, que le contestó cuando le propuso irse. Tuvo escolta desde 1984, pero se le retiró dos años antes de su asesinato. Los temores de Fernando no iban sólo por él, sino por sus tres hijos, que compartían despacho con él.
Además era un hombre de profundas convicciones judías y su vida quedó marcada por la persecución nazi sufrida por su madre. Tristemente él tuvo que sufrir la persecución de otros nazis, los nazis vascos, como escribió su hijo Rubén al cumplirse doce años de su asesinato. "Shalom, Poto (nombre por el que le conocían sus amigos): Hoy hace doce años fuiste derribado por los nazis vascos". Los esfuerzos de Fernando para que España reconociera el Estado de Israel han sido siempre agradecidos por la comunidad judía. El rabino de Bayona se desplazó a San Sebastián para rezar un kadish en su entierro. Al año siguiente, en el primer aniversario, el Fondo Nacional Judío plantó un roble autóctono, símbolo de la vida, en el parque donostiarra de Lau Haizeta. Años después, en 2007, se inauguró un gran bosque de veinte mil árboles en la ciudad de Haruvit, situada en las colinas que conducen a Jerusalén, con los que el Fondo Nacional Judío quiso honrar la memoria del asesinado.
La familia Múgica se ha convertido en un referente en la reivindicación de justicia para las víctimas. Tanto su viuda, como sus tres hijos, José María, Fernando y Rubén, y su hermano Enrique, han hecho multitud de declaraciones en este sentido. Durante las jornadas del juicio contra uno de los asesinos de su padre, Rubén señaló la necesidad de que haya "vencedores y vencidos, porque solo de tal forma se hará justicia con los asesinados". Y también dijo: "Somos unos radicales. Queremos a los asesinos en prisión y a Batasuna en la más eterna ilegalidad". José María, que tuvo que identificar a Javier García Gaztelu, alias Txapote, durante el juicio en la Audiencia Nacional, declaró que "no olvidaría el rostro ni en mil años" y deseó que "el asesino se muera en la cárcel".
Su hermano Enrique Múgica hizo estas declaraciones al día siguiente del asesinato de Fernando: "yo ni olvido ni perdono a los asesinos, a los que los han impulsado, a los que han levantado su mano, a los que defienden o exculpan a ETA y la violencia callejera desde determinados medios de comunicación, en cualquier sitio".
Por el asesinato de Fernando Múgica han sido condenados en diferentes juicios los siguientes etarras: por ordenar el crimen José Luis Aguirre Lete (en 2003) y José Javier Arizkuren Ruiz,Kantauri (en 2007). Por su participación en el asesinato, Valentín Lasarte Oliden, y por prepararlo, Irantzu Gallastegui Sodupe (en 2003). Asimismo, en julio de 2006 fue condenado a penas que sumaban 82 años de cárcel como el asesino de Fernando Javier García Gaztelu, Txapote. También participó, aportando el coche de la huída, el etarra José Luis Geresta Múgica, alias Oker. Este último fue encontrado muerto el 19 de marzo de 1999 en Rentería. La investigación determinó que se había suicidado.

Fernando Múgica Herzog tenía 62 años. Además de dejar viuda a Mapi de las Heras y sin padre a José María, Fernando y Rubén, su asesinato impidió que disfrutase de su primer nieto, hijo de José María, nacido cuatro meses antes de que Txapote le metiese un tiro en la nuca.

¿Dónde está el CO2 ?

Antón Uriarte.


La mayoría de los periódicos de toda Europa dedican hoy sábado un gran espacio a la ola de frío (excepto El País, snob, para quien sólo le merece una columnita). Pongo arriba una foto del Vaticano esta mañana.

De todas maneras en ningún sitio hacen alusión al CO2. ¿ A dónde se ha ido ? Los periodistas temen meter la pata, ser políticamente incorrectos, y además no suelen entender prácticamente nada del asunto. Pero si la ola hubiese sido de calor ... el CO2 habría sido para la prensa su preferido culpable, seguro.

El incremento del efecto invernadero que provoca el incremento del CO2 antropogénico es en sí casi imperceptible. Si en el interior del continente euroasiático hace en invierno tanto frío es en gran medida por la sequedad del aire. En ese aire continental falta el principal gas invernadero : el vapor de agua. El Sol está bajo, o ausente. No hay insolación apenas y el calor del suelo y el del aire se escapan al espacio extraterrestre en forma de radiación infrarroja. No hay vapor de agua para retenerlo. Y si no hay nubes, menos. La temperatura baja.

La concentración de CO2, por el contrario, debido a su reparto homogéneo por toda la troposfera, es prácticamente la misma sobre el mar o sobre el interior del continente. El CO2 no influye en las diferencias térmicas entre dos regiones, o entre una masa de aire continental y otra marina, como lo hace el vapor de agua.

Salgo ahora al balcón con el sensor de CO2 y mido : 423 ppm. Bastante. Y hace mucho frío. Dejará de hacerlo, no cuando aumente el CO2, sino cuando entre de nuevo el aire oceánico.

The Tragic Truth About India's Caste System

Untouchables cling to it because they have few other choices. 


Shikha Dalmia.



My American friends frequently ask me why India’s caste system, a pre-feudalistic division of labor that assigns one’s line of work at birth, has persisted into the 21st century in defiance of every civilized notion of justice and equality. I thought I knew the answer: The need of the privileged upper castes for cheap labor to do their dirty work. But there is an even more tragic explanation that I discovered during a recent visit to New Delhi while talking to Maya, the dalit or untouchable—the lowest of the four castes—who has serviced my family for 35 years. Maya herself clings to her caste because it offers her the best possible life, even in modern India.
The puzzling thing about the caste system is that it has endured without any legal force backing it. Unlike slavery, under which whites actively relied on authorities to maintain their slave holdings, the caste system is an informal, self-perpetuating institution that has resisted half-a-century worth of (ham-handed) government efforts to eradicate it.
How? Consider Maya’s story.
Maya assigned herself to our house in a small, gated community in West Delhi in 1977. We had no choice in the matter. If we wanted our trash picked, bathrooms scrubbed, and yards cleaned, Maya was it. Indians find dealing with other people’s refuse not just unpleasant, but polluting. Hence only dalits, whose caste impels them to do this work, are willing to do it, something that both stigmatizes them and gives them a stranglehold on the market. And they have transformed this stranglehold into an ironclad cartel that closes the door on all alternatives for their customers.
When Maya got married at the age of 16, her father-in-law paid another dalit $20 for her wedding gift:  the “rights” to service 10 houses in our neighborhood, including ours. Maya has no formal deed to these “rights” and no court would ever enforce them. Yet they are more inviolable than holy writ. Maya’s fellow dalits, who own the “rights” to other houses, can’t work in hers, just as she can’t work in theirs.
Doing so, Maya insists, would be tantamount to theft that would invite a well-deserved beating and ostracism by the dalit community. No one would lift a finger to help a “poacher” in distress or attend her family functions like births, weddings, or funerals. She would become a pariah among pariahs.
This arrangement has given Maya a guaranteed monthly income of about $100 that, along with her husband’s job as a “gofer” at a government lab, has helped her raise three children and build a modest house with a private bathroom, a prized feature among India’s poor, in one of New Delhi’s slums. But Maya’s monopoly doesn’t give her just money. It also hands her— and her fellow jamadarnis or sweepers— clout to resist the upper caste power structure, not always for noble reasons.
None of Maya’s 10 employers dare challenge her work. Maya takes more days off for funerals every year than there are members in her extended family. Complaining, however, is not only pointless but perilous. It would result in stinking piles of garbage outside the complainer’s home for days. Every time my mother, a stickler for spotlessness, has gotten into spats with Maya over her sketchy scrubbing habits, she has lost. One harsh word, and Maya simply boycotts our house until my mother goes, head hanging, to cajole her back. Nor is Maya the only jamadarni with an attitude. Nearly all of Delhi is carved up among Maya-style sweeper cartels and it is a rare house whose jamadarni is not a “big problem.”
But Maya’s clout comes at a huge personal price: It shuts the door on inter-caste acceptability. Segregation has loosened considerably among the first three castes. Intermingling and intermarriage, even among the highest brahmin and the relatively lower baniya (business) castes, is now common, especially in cities.
But dalits are allowed to socialize normally with other castes only if they give up trash-related work, although marriage remains taboo regardless. Otherwise, they are regarded as polluted and every interaction with upper caste folks becomes subject to an apartheid-like code.
Some of the homes where Maya works, for example, have separate entrances that allow her to access their bathrooms and collect their trash without having to set foot in the main house. Although the families have formed a genuine bond with her and treat her generously, plying her with lavish gifts on festivals, there are limits. They give her breakfast and lunch everyday, but in separate dishes reserved just for her. Sitting at their table and sharing a meal is out of the question. Not even my mother’s driver who, though poorer than Maya, belongs to a higher caste (higher than my family’s), would visit her home and accept a glass of water.
Maya is resigned to such discrimination, but not her oldest son, 36. He holds a government job and works as a sales representative for an Amway-style company and dreams big. He is embarrassed by his mother and often lies about her work to his customers for fear of being shunned. He claims he makes enough money to support Maya and wants her to quit, but she will have none of it. She fears destitution and poverty more, she says, than she craves social respectability. Her caste might be her shame, but it is also her safety net.
But the choice may not be hers much longer.
Upon retirement, she had planned to either pass her “business” to her children or sell it to another dalitfor about $1,000. But about six months ago, local municipal authorities started dispatching vans, Western-style, to pick up trash from neighborhoods—the one service that had protected Maya from obsolescence in an age of sophisticated home-cleaning gadgetry.
Maya and her fellow dalits held demonstrations outside the municipal commissioner’s office to stop the vans. The commissioner finally agreed to a compromise that lets Maya and her pals collect trash from individual homes and deposit it at one central spot from where the vans take it for disposal. But Maya realizes that this is a stopgap measure that won’t last. “I got branded as polluted and became unfit for other jobs, for what?” she wept. “To build a business that has now turned to dust?”


Despite the financial loss, her son is pleased. He believes that this will finally force his siblings to develop skills for more respectable work instead of taking the easy way out and joining their mother. But Maya shakes her head at such bravado.
And she might be right. To be sure, post-liberalization, India has allowed the most dogged and determined dalits to escape their caste-assigned destiny, even creating the phenomenon ofdalit millionaires. But for the vast majority, as Maya says, opportunities are better within the caste system than outside it.
When that changes, the system will die, but not until then.
Reason Foundation Senior Analyst Shikha Dalmia is a columnist at The Daily where a version of this column originally appeared

The light pilar

Omar Ortiz.



Detalles



pintando


“The light pilar”
oleo sobre lino
140 x 96 cm

How economic inequality harms societies - Cómo la desigualdad económica perjudica a las sociedades

Richard Wilkinson.



Para Richard Wilkinson, coautor de The Spirit Level: Why More Equal Societies Almost Always Do Better, la idea de que la desigualdad es mala para la sociedad (para la sociedad en su conjunto, no sólo para los particularmente desfavorecidos) no es simplemente una intuición arcaica, y tampoco una divisa de revolucionarios radicales. Es una evidencia racional, verificable y postpartisana. Los 11 gráficos publicados en The equality trust realmente hablan por sí mismos: Las sociedades con mayor desigualdad en la renta tienen una tasa superior de muertes infantiles, de enfermedades mentales, de abuso de drogas, de fracaso escolar, de población encarcelada o de obesidad. Mayor desigualdad en la renta también predice que las personas tengan menos oportunidad para adquirir un status superior al de sus padres, y también implica un mayor grado de desconfianza social, niveles más altos de criminalidad, menor solidaridad con el exterior e inferior bienestar infantil.
Quizás la lección más importante es esta: en el mundo desarrollado (no en eleconómicamente subdesarrollado) el bienestar promedio ya no depende del crecimiento económico sino de cómo está socialmente distribuida la riqueza.
Una advertencia para políticos. Una sociedad fuertemente desarrollada, pero desigualitaria, no es sólo inmoral, sino también muy cara:
[Ésta es] una clara advertencia para aquellos que desean rebajar la prioridad del gasto púbico y los impuestos. Si se fracasa a la hora de evitar un nivel alto de desigualdad, se necesitarán más prisiones y más policía. Se deberán afrontar tasas más altas de enfermedad mental, de abuso de drogas y todo tipo de problemas. Si mantener bajos los impuestos y beneficios lleva a mayores diferencias de renta, la necesidad de tratar con las enfermedades sociales obligará a aumentar el gasto público.
Desde luego, el planteamiento de Wilkinson no tiene nada que ver con la “igualdad perfecta”, con cómo lograr sociedades igualitarias perfectas, sino más bien con algo que preocupa a los politólogos y economistas de los últimos decenios; el problema de cómo llegar a Dinamarca (“Getting to Denmark“): ”Si los norteamericanos desean vivir el sueño americano, deberían irse a Dinamarca.”
La “evidencia” de que la desigualdad es mala e irracional no es equiparable a otras evidencias científico naturales, por supuesto, dado que depende claramente de valores establecidos con anterioridad (Patricia Churchland: “Al final, las personas tendrán que reunirse y decir lo que piensan hacer”). Si las preferencias de alguien coinciden con los valores de una sociedad caballeresca, fuertemente jerárquica, basada en el honor y la guerra, o en el exclusivo mérito del mercado, estas evidencias sencillamente no cuentan. Estas evidencias sólo cuentan como tales para quienes prefieran vivir en una sociedad basada en el intercambio pacífico, en la seguridad y en la prosperidad compartida.