Víctima, 20 de febrero: Eugenio Saracíbar González de Durana y Luis Manuel Allende Porrúa

Libertad Digital.


El miércoles 20 de febrero de 1980, ETA asesinaba en San Sebastián al coronel de Infantería retirado EUGENIO SARACÍBAR GONZÁLEZ DE DURANA.
A las 20:15 horas, cuando Eugenio regresaba a casa dando un paseo por la avenida de Francia de la capital donostiarra, su rutina habitual después de salir del trabajo, fue sorprendido por varios terroristas del grupo Otxobi de ETA que le dispararon por la espalda y le remataron en el suelo.

Dos días después, el 22 de febrero, a través de un comunicado enviado a diversos medios informativos vascos, la banda terrorista se atribuía la autoría del atentado. En el mismo comunicado aconsejaba a los vascos que en las próximas elecciones votasen a Herri Batasuna.
En 1981, la Audiencia Nacional condenó al etarra José María Zubiaurre Portugal a 26 años, 8 meses y 1 día como autor del asesinato de Eugenio.
Eugenio Saracíbar González de Durana era natural de Vitoria. Tenía 65 años y residía en San Sebastián desde hacía siete años, tras haber vivido veinticinco años en Irún. Estaba casado y tenía una hija. Ocupaba el cargo de jefe del Economato Militar. Según su mujer, no había sido amenazado.
El 20 de febrero de 1983 fallece en Bilbao el doctor LUIS MANUEL ALLENDE PORRÚA de un cáncer de páncreas.
Luis era dentista y fue secuestrado en junio de 1982 por dos terroristas de ETA que entraron armados en su propia consulta. Permaneció en cautiverio desde el 1 al 10 de junio, en una tienda de campaña disimulada por ramas en un monte próximo a Bilbao. Liberado tras pagar un rescate, enfermó de cáncer poco después.
Los secuestradores de Allende Porrúa fueron José Hernández Iñigo, Peque, y Juan Luis Bicandi Iturbe, Grande. El primero se considera que fue el autor del secuestro, y el segundo, cómplice. Un tercer etarra, conocido como JosMari, jefe del grupo, no pudo ser identificado. Sin embargo, en mayo de 2006 fueron extraditados de México seis etarras, entre ellos Ernesto Alberdi Elejalde, alias Raka de Éibar. Alberdi Elejalde fue uno de los presuntos secuestradores del capitán de Farmacia Alberto Martín Barrios en octubre de 1983, e intervino en el secuestro del doctor Allende Porrúa (ABC, 20/05/2006).
Aunque en la sentencia de 1985 de la Audiencia Nacional que condenó a los secuestradores, miembros de ETA político-militar VIII Asamblea, no consta que la enfermedad de Allende Porrúa tuviera relación con el secuestro, en 1988 el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Bilbao dictó una sentencia en la que se establecía una relación causa-efecto entre el estrés violento padecido durante el cautiverio y el desencadenamiento del cáncer que provocó su fallecimiento ocho meses después. Tres especialistas bilbaínos elaboraron una pericial para el Juzgado en la que se relacionaba científicamente ambos hechos, por lo que la sentencia concluía que el "estrés violento mantenido fue la causa fundamental de su óbito, en función causal única y directa".

Luis Manuel Allende Porrúa estaba casado y tenía una hija, que también es odontóloga.

María Elena Moyano: asesinada, dinamitada... pero aún presente

Martín Higueras.



En los últimos tiempos, en el Perú se ha vuelto a hablar de Sendero Luminoso, por tres razones fundamentales: por el intento –felizmente infructuoso– de un grupo proterrorista de inscribirse como partido político; por la captura el pasado domingo de Artemio, hasta ese momento líder del grupo terrorista; y finalmente por el preocupante desconocimiento de la juventud peruana sobre lo ocurrido en la década de los 80 y 90, algo que incluso mencionó el primer ministro peruano en la entrevista que ofreció a Libertad Digital.
Pero también hay una razón más por la que se debería volver a mencionar a esos asesinos terroristas: para recordar a sus víctimas, muchas de ellas anónimas, que a lo largo del Perú supieron levantarse y defender a sus comunidades. Una de estas heroínas es María Elena Moyano, una mujer de enorme coraje que hace 20 años era dirigente local del pujante distrito de Villa El Salvador, al sur de Lima, cuyo alcalde era en ese momento el español Michel Azcueta, un valiente hombre que quiso al Perú y a esa comunidad como a su propio país. En esos difíciles años –social y políticamente–, María Elena ayudaba a su comunidad y organizaba "comedores populares" y grupos de apoyo para las mujeres.
Hace 20 años, el 14 de febrero de 1992, Sendero Luminoso convocó un "paro armado", es decir una jornada en la que amenazaban de muerte a todos los que se atrevían a salir a las calles. Esa semana, varios policías fueron asesinados por los terroristas cuando preparaban el operativo de seguridad para proteger a la población. Una de las que enfrentó a los terroristas fue María Elena Moyano. Ella salió con sus grupos de mujeres a hacerle frente a Sendero, a mostrar cómo su pueblo rechazaba su violencia y sus indiscriminados asesinatos. Esa afrenta le costaría a María Elena la vida.
Al día siguiente, el 15 de febrero de 1992, María Elena llegó por la mañana a Villa El Salvador (no dormía en su casa por las constantes amenazas de muerte) a buscar a sus hijos para llevarlos a la playa. Por la tarde, acudió con ellos a una fiesta organizada por varias madres para recaudar fondos destinados a obras sociales. Minutos después de las cinco de la tarde, María Elena notó la llegada de un grupo de unos 10 terroristas, todos ellos liderados por una mujer. Al darse cuenta, pidió a sus hijos que se alejaran, se tiraran al piso y se taparan los ojos. Sabía perfectamente lo que estaba a punto de ocurrir. La terrorista se le acercó, le disparó en el pecho y la cabeza para después llevar su cuerpo a la calle y dinamitarlo con 5 kilos de explosivos. No contentos con eso, apenas unos días después de su funeral al que acudieron miles de personas, Sendero dinamitó su tumba.
Se trata de un asesinato brutal que a veces amenaza con ser olvidado. Pero el Perú necesita recordar la monstruosa y sanguinaria locura terrorista de un grupo de asesinos liderados en ese momento por Abimael Guzmáncapturado siete meses después.
Michel Azcueta (en la foto con ella), que también sufrió un atentado de Sendero Luminoso que casi le cuesta la vida, recuerda mucho a su amiga y colaboradora. "Ella sigue muy presente en Villa El Salvador, en la Federación Popular de Mujeres de Villa El Salvador y en el trabajo que ellas hacen día a día aquí", dijo hace unos días en una entrevista a La República, diario que al día siguiente del atentado publicó una portada con su foto y el siguiente titular: "La balearán, la dinamitarán... y no podrán matarla". Hace tres años, en este mismo mes, Azcueta dijo en su blog que "admiro en ella esa capacidad de aprender, de cambiar, de dialogar y de reír y festejar cada momento de la vida. El 15 de febrero de 1992 sigue siendo el día más triste de mi vida... Sé que María Elena no me lo perdonaría, así que le seguiré haciendo caso intentando transmitir alegría, valorando con todos los que me rodean, la vida..., una vida digna para todos".
También en La República, el historiador Antonio Zapata la recuerda como "una mujer de primera" y agrega: "Era una mujer valiente. Tenía cercanía a la realidad más dura, y las causas populares eran las suyas. Defendía todo lo que había construido". Su amiga Diana Miloslavich –quien muchas veces le daba un lugar para dormir en los momentos más difíciles– señala que "ella no soltaba un tema, no dejaba de preguntar hasta que no había absuelto todas sus dudas sobre cualquier asunto".
Estas son apenas tres opiniones de personas muy cercanas a María Elena. Sin embargo, "Madre Coraje" –como se le llamó después de su muerte– sigue estando en la memoria de los peruanos que sufrimos los embates del terrorismo. La recordamos como una mujer valiente, capaz de enfrentar cara a cara a un terrorismo como el de Sendero Luminoso que muchos representantes de la sociedad civil no se atrevieron a encarar. María Elena, guapa, inteligente, comunicadora y con un carisma desbordante detrás de su atractiva sonrisa, le mostró a Villa El Salvador cómo combatir la violencia. Si hoy en día este distrito se ha transformado de un arenal a un lugar lleno de esperanza y de gente que ha sabido salir adelante, es en parte, gracias a las lecciones de "Malena".
Después de su muerte, el Congreso peruano la declaró "Heroína Nacional".

Nota del redactor: Aunque no suelo hacer esto, quiero comentar algo sobre esta nota y sobre María Elena Moyano. Aquel día apenas tenía 19 años y recuerdo claramente ese "paro armado" convocado por los terroristas de Sendero Luminoso. Recuerdo haber oído de las marchas contra el paro en algunas zonas pero sobre todo la convocada en Villa El Salvador. Este paro era como un episodio más de la locura terrorista que se unía a los coches-bomba, a los atentados, a las violentas ejecuciones en poblados de la Sierra, a los "toques de queda", o a los apagones casi interdiarios. Así de vergonzosa llegó a ser nuestra cotidianidad y ya nadie se sorprendía. Triste.
Había oído hablar muchas veces de María Elena Moyano. Lamento no haber sido periodista en ese momento para poder seguirla mucho más. No conocí a María Elena personalmente pero, como gran parte de los peruanos sentí profundamente su muerte, casi como si hubiera sido alguien muy cercano.
Recuerdo su trabajo y el de Michel Azcueta, un español que recaló en dicha localidad para ayudarla a crecer y desarrollarse. Tenía, y sigo teniendo, una enorme admiración por ambos.
Tengo aún claro en mi cabeza el momento en que a través de la radio (no existía ni Internet, ni Twitter) me enteré del cobarde y brutal asesinato de María Elena. No estaba en Lima pero recuerdo la tristeza que sentimos todos.
Es cierto lo que dicen muchos: ese día, el día en que María Elena fue vilmente asesinada, Sendero Luminoso comenzó a perder. Los peruanos nos dimos cuenta de que muy poco habíamos hecho y que María Elena nos había dejado toda una lección. No tengo duda, además, de que en todas partes del Perú existieron muchas "Mariaelenas".
Y repetiré lo que se dijo en su momento: María Elena no morirá hasta que la olvidemos. Y eso, no debemos permitir que ocurra.


¿Cuantos peruanos murieron? Estimación del total de víctimas causadas por el conflicto armado interno entre 1980 y el 2000


Leer informe.

Más información en la web de la Comisión de la Verdad. (English)

The Cabinet of Dr. Caligari

1920. Director: Robert Wiene.


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Más aquí.





























La verdad y la justicia

Arcadi Espada.



   
Querido J:
Un párrafo de la sentencia del Tribunal Supremo que condena a Baltasar Garzón dice: «La pretensión legítima del Estado en cuanto a la persecución y sanción de las conductas delictivas, solo debe ser satisfecha dentro de los límites impuestos al ejercicio del poder por los derechos que corresponden a los ciudadanos en un Estado de derecho. Nadie discute seriamente en este marco que la búsqueda de la verdad, incluso suponiendo que se alcance, no justifica el empleo de cualquier medio. La justicia obtenida a cualquier precio termina no siendo Justicia».
El párrafo alude a las escuchas ilegales de las conversaciones entre los letrados y los acusados del caso Gürtel que el juez Garzón ordenó. La orden vulneraba un importante reducto de secreto: el que vincula a un acusado con su defensor. Hace algunas noches, en el Tirsa y en una de las impagables conversaciones sobre la justicia y la vida que mantengo con él desde hace años, el abogado Javier Melero decía que en el ordenamiento jurídico español, donde un acusado no puede defenderse por sí mismo, un abogado solo es alguien que articula (exactamente) la versión que el acusado tiene de unos hechos en los que ha participado. «Yo diré lo que el acusado me dice que diga, con los artículos del Código», concluía mi amigo. Por lo tanto interceptar este tipo de conversaciones debe de ser como meterse en un soliloquio: una violación del derecho a la más profunda intimidad concebible.
Tú tienes buen oído y no se te habrá escapado el sutil cambio de melodía que se advierte en el párrafo de la sentencia. Rebobina y oigamos juntos cómo empiezan hablando de la verdad, de la búsqueda de la verdad, y terminan hablando de la Justicia, en mayúsculas. Imagínate ahora que el magistrado hubiese escrito así la frase final: «La verdad obtenida a cualquier precio termina no siendo verdad.» Nadie suscribiría esa proposición. Lo que valepara la justicia no vale para la verdad y ahí se sitúa la durísima discrepancia entre los jueces que han condenado a Garzón y la opinión política y mediática que lo defiende.
Antes de seguir quiero hacerte una salvedad. No siempre la opinión socialdemócrata ha estado en contra de los procedimientos. ¡Depende de los fines, como le es propio! Lee el fino trocito editorial de nuestra prensa que incluía ayer el comentarista González en su blog: «Ningún fin, ni siquiera el de conocer toda la verdad sobre los GAL, justifica pasar por encima de los procedimientos. El principio de que no todo vale rige tanto en la lucha contra el terrorismo como en la investigación de los delitos cometidos a su amparo.» Entonces era octubre de 1995, y Garzón instruía el sumario del atentado en el bar Monbar.
Pero el doble rasero no debe desviarnos de lo nuestro. Ahora lo nuestro es el supuesto enfrentamiento entre verdad y justicia. Como sintetizaba profesoralmente Melero «la justicia solo es un procedimiento reglado para obtener la verdad.» Las reglas, naturalmente, tienen que ver con el respeto a los derechos individuales. Pero a mi juicio tienen que ver, sobre todo y al fondo, con la verdad. La necesidad de que un reo y sus abogados puedan hablar libremente no solo se sustenta en la moral, sino también en la técnica. Todo el escenario jurídico, incluido el derecho a la defensa, tiene por misión facilitar la búsqueda de la verdad. Ciertamente el objetivo primero del abogado no es la verdad de los hechos, sino la defensa de su cliente; pero suponer que su presencia en el escenario no contribuye al establecimiento de la verdad sería como negarle a las mentiras su paradójica capacidad de convicción sobre lo que es verdadero. Ahora bien: que el derecho a la defensa sea, genéricamente, una garantía más de acierto en la búsqueda de la verdad no presupone que en circunstancias particulares no pueda entorpecerlo. El sistema trata de asegurar su eficacia genérica, pero lógicamente no es perfecto; a veces, astutamente, las mentiras dejan de servir a la verdad y la sustituyen.
El juez Garzón se saltó las reglas para tratar de llegar a la verdad. Los propios abogados defensores del caso lo reconocieron cuando declararon que a partir de la intervención ilegal de sus conversaciones, y desveladas así las estrategias de la defensa, el juez empezó a manifestar una clarividencia y sagacidad instructoras realmente notables. Por desgracia el problema de saltarse las reglas en la justicia no tiene las mismas consecuencias que las de saltárselas en el fútbol. Un gol en fuera de juego no es un gol, pero la verdad obtenida ilícitamente sigue siendo verdad. Sí, oigo a Melero: «El precio que una sociedad habría de pagar por usar estos procedimientos en la búsqueda de la verdad sería inasumible.» Lo oigo. Y tiene razón. Como el precio es inasumible, la condena de Garzón me parece justa.
Hay otro precio. El sistema no es perfecto. Los beneficios generales no impiden perjuicios particulares. Así pasa con todo. También con el periodismo. Para obtener la verdad el periodismo no solo tiene que acudir a la inmoralidad  —el periodismo es una inmoralidad ontológica, copyright Janet Malcolm— sino también a la ilegalidad. Estos son los dramáticos inconvenientes de un mundo imperfecto. No solo la verdad; incluso el bien puede quedar afectado. Es probable que los protagonistas del caso Faisán persiguieran, con sus reglas torcidas, objetivos dignos. Como quizá sepas, el sistema jurídico contemporáneo incluye las llamadas causas de justificación: la previsión de que se utilicen procedimientos abyectos para fines nobles. Cuando se invoca esta causa el juez debe examinar si el beneficio obtenido por la consecución del fin era mayor que los perjuicios causados por el quebrantamiento de las reglas. Un asunto muy complicado. Yo echaré mi cuarto a espadas. ¡Solo faltaría! No en la fijación de esa objetividad. Sino en una llamativa cuestión subjetiva.
El otro precio. No querría negarle a Garzón sus buenas intenciones. Su íntima creencia de que la desarticulación de la trama Gürtel justifica el quebrantamiento del derecho a la defensa. Pero habría contribuido a convencerme si, una vez impuesto el precio del desajuste entre la verdad y la justicia, Garzón lo hubiese aceptado con sobriedad y acatamiento. (Tristemente, no hay mayor diferencia entre lo que el juez ha dicho y laespumosa carta que escribe su hija en su defensa). En esa frustrada madurez de respuesta habría yo visto al hombre que sabe que la verdad tiene un precio y que es el hombre y no el sistema el que ha de pagarlo. Y habría percibido con total y jubilosa claridad la diferencia entre un héroe y un ventajista.
Sigue con salud
A.
(El Mundo, 11 de febrero de 2012)

Así arruinó Hugo Chávez a Venezuela

Diego Sánchez de la Cruz.



Los asaltos a la propiedad privada no han parado de sucederse en los últimos tiempos, especialmente a partir de 2007.
La burocracia no ha parado de crecer desde que Hugo Chávez llegó al poder. El número de Ministerios se ha duplicado.
Todos los jueces nombrados desde 2008 llegaron a su puesto sin concurso de oposición. La politización de la Justicia venezolana ha permitido la persecución política de diferentes opositores al régimen.
Venezuela es uno de los países que más difícil se lo ponen a los empresarios, tal y como demuestran todos los indicadores internacionales.
La simpatía del régimen chavista por el narco-terrorismo de las FARC es uno de los motivos que han convertido a Venezuela en un punto caliente para el tráfico de drogas.
La tasa de homicidios se ha disparado hasta alcanzar niveles insoportables, muy por delante de otros países de la región comúnmente asociados con la inseguridad, como Brasil, Colombia o México.
La inflación se ha disparado, alentada por una política monetaria expansiva e irresponsable.
El comercio con el resto de países de la región se ha hundido. Un buen ejemplo lo tenemos en los datos de intercambio comercial con el país vecino, Colombia.

Desalojo de Lidia Rastra López de su casa en El Cobre por la visita del Papa

Adriana Bosch.



Cientos de ciudadanos cubanos están siendo desalojados de sus casas por la visita del Papa Benedeicto XVI, a quien el régimen comunista le quiere ocultar la situación de extrema pobreza en que vive gran parte de la población cubana. Lo que está haciendo el gobierno es un abuso y una violación a los derechos humanos, al dejarlos sin techo con tal de que desaparezcan las casas en las que los cubanos viven prácticamenter en condiciones no habitables. 

Es de suma importancia que el Papa conozca esta realidad, porque cuando esté visitando el Santuario de la Virgen de la Caridad todo lo que habrá a su alrededor, fuera del templo será la maldad bien trazada de sus anfitriones, los hermanos Fidel y Raúl Castro.

¿Para cuándo la reforma del funcionariado?

Mónica Mullor.



Ante la evidencia de la insostenibilidad del modelo laboral español, y luego de que la barrera de los 5 millones de parados haya saltado por los aires, el Gobierno aprobó el pasado viernes nuevas medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Lamentablemente, Rajoy no se atrevió a tocar al funcionariado ni a cuestionar su monopolio sobre la prestación de servicios de responsabilidad pública.

El modelo funcionarial español está inspirado en el francés, que da al funcionario una plaza vitalicia que lo blinda de posibles arbitrariedades del poder político. Esto no deja de ser un fin encomiable, pero ya sabemos que el fin no justifica los medios: en este caso, la creación de una casta inamovible que tiene a su cargo funciones públicas esenciales.


Son varios los países europeos que han iniciado un camino de reformas con el objeto de debilitar los privilegios de la casta funcionarial, como bien se desprende del informe La Administración y el empleo público en los 27 Estados miembros de la UE, elaborado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública de Francia, país que anda buscando salir del entuerto que le ha generado su modelo funcionarial.


En Alemania, el Gobierno central y los länder, junto con los sindicatos, acordaron en 2005 una reforma para instaurar horarios flexibles y un sistema de retribución basado en el rendimiento y la experiencia; dos años más tarde se aprobó el sistema de pago por objetivos. En Finlandia, en los últimos ocho años se han desarrollado más de 200 proyectos centrados en aumentar la productividad de los trabajadores públicos, cuyo número se ha reducido. En Holanda, a partir de las reformas introducidas en 2008, que favorecieron la movilidad y flexibilidad de los funcionarios, las condiciones laborales en los sectores público y privado son ya muy parecidas. También tiene interés la reforma italiana de 2009, que ha permitido, entre otras cosas, el despido de funcionarios absentistas.


En España, el problema no es que sobren empleados públicos, es decir, trabajadores remunerados por las Administraciones para cumplir diversas labores necesarias. No: el problema es que muchos de ellos disfrutan de unos privilegios que los separan del resto de los trabajadores; unos privilegios que les confieren una seguridad laboral dañina. Suecia tiene muchos más empleados públicos per cápita que España, pero se rigen por las mismas leyes laborales que los demás trabajadores.


La dificultad de tocar al funcionariado en España es evidente, y el Gobierno lo sabe. Intentardesfuncionarizar la educación o la sanidad habría creado grandes resistencias mentales, corporativas y políticas, provocado protestas callejeras y aireado todo tipo de argumentos demagógicos. Ahora bien, el Gobierno podría haber dado al menos un primer paso reformista ofreciendo vías de transición; podría, por ejemplo, haber fomentado el abandono voluntario del estatus de funcionario y puesto sobre la mesa estímulos económicos que faciliten el camino a un mercado de trabajo más sensato. Ya que el grueso de los empleados públicos de las comunidades autónomas son profesionales de las áreas sanitaria y educativa (77% del total), se podría haber potenciado el abandono voluntario de la condición funcionarial a cambio de un fuerte apoyo financiero para la creación de centros educativos o de atención sanitaria gestionados por esos mismos individuos (colaboración público-privada), lo que por otra parte redundaría en una mejora de la calidad de los centros que se mantuviesen ligados a formas de gestión burocrático-funcionarial (competencia).


La experiencia de otros países muestra que este camino es posible... y que a los que lo han seguido les ha ido muy bien. Una medida así no solo habría permitido dar un paso de suma importancia hacia la modernización de nuestro anquilosado mercado laboral, también hubiese significado un fuerte impulso a la competitividad y al crecimiento económico de nuestra economía mediante la dinamización de sectores vitales como la educación y la sanidad.

ideasyanalisis.wordpress.com

Germany’s Sunshine Daydream

Bjørn Lomborg.



2012-02-16
COPENHAGEN – One of the world’s biggest green-energy public-policy experiments is coming to a bitter end in Germany, with important lessons for policymakers elsewhere.
Germany once prided itself on being the “photovoltaic world champion”, doling out generous subsidies – totaling more than $130 billion, according to research from Germany’s Ruhr University – to citizens to invest in solar energy. But now the German government is vowing to cut the subsidies sooner than planned, and to phase out support over the next five years. What went wrong?
There is a fundamental problem with subsidizing inefficient green technology: it is affordable only if it is done in tiny, tokenistic amounts. Using the government’s generous subsidies, Germans installed 7.5 gigawatts of photovoltaic (PV) capacity last year, more than double what the government had deemed “acceptable.” It is estimated that this increase alone will lead to a $260 hike in the average consumer’s annual power bill.
According to Der Spiegel, even members of Chancellor Angela Merkel’s staff are now describing the policy as a massive money pit. Philipp Rösler, Germany’s minister of economics and technology, has called the spiraling solar subsidies a “threat to the economy.”
Germany’s enthusiasm for solar power is understandable. We could satisfy all of the world’s energy needs for an entire year if we could capture just one hour of the sun’s energy. Even with the inefficiency of current PV technology, we could meet the entire globe’s energy demand with solar panels by covering 250,000 square kilometers (155,342 square miles), about 2.6% of the Sahara Desert.
Unfortunately, Germany – like most of the world – is not as sunny as the Sahara. And, while sunlight is free, panels and installation are not. Solar power is at least four times more costly than energy produced by fossil fuels. It also has the distinct disadvantage of not working at night, when much electricity is consumed.
In the words of the German Association of Physicists, “solar energy cannot replace any additional power plants.” On short, overcast winter days, Germany’s 1.1 million solar-power systems can generate no electricity at all. The country is then forced to import considerable amounts of electricity from nuclear power plants in France and the Czech Republic. When the sun failed to shine last winter, one emergency back-up plan powered up an Austrian oil-fired plant to fill the supply gap.
Indeed, despite the massive investment, solar power accounts for only about 0.3% of Germany’s total energy. This is one of the key reasons why Germans now pay the second-highest price for electricity in the developed world (exceeded only by Denmark, which aims to be the “world wind-energy champion”). Germans pay three times more than their American counterparts.
Moreover, this sizeable investment does remarkably little to counter global warming. Even with unrealistically generous assumptions, the unimpressive net effect is that solar power reduces Germany’s CO2 emissions by roughly eight million metric tons – or about 1% – for the next 20 years. When the effects are calculated in a standard climate model, the result is a reduction in average temperature of 0.00005oC (one twenty-thousandth of a degree Celsius, or one ten-thousandth of a degree Fahrenheit). To put it another way: by the end of the century, Germany’s $130 billion solar panel subsidies will have postponed temperature increases by 23 hours.
Using solar, Germany is paying about $1,000 per ton of CO2 reduced. The current CO2 price in Europe is $8. Germany could have cut 131 times as much CO2 for the same price. Instead, the Germans are wasting more than 99 cents of every euro that they plow into solar panels.
It gets worse: because Germany is part of the European Union Emissions Trading System, the actual effect of extra solar panels in Germany leads to noCO2 reductions, because total emissions are already capped. Instead, the Germans simply allow other parts of the EU to emit more CO2. Germany’s solar panels have only made it cheaper for Portugal or Greece to use coal.
Defenders of Germany’s solar subsidies also claim that they have helped to create “green jobs”. But each job created by green-energy policies costs an average of $175,000 – considerably more than job creation elsewhere in the economy, such as infrastructure or health care. And many “green jobs” are being exported to China, meaning that Europeans subsidize Chinese jobs, with no CO2 reductions.
Germany’s experiment with subsidizing inefficient solar technology has failed. What governments should do instead is to focus first on increasing research and development to make green-energy technology cheaper and more competitive. Production should be ramped up later.
In the meantime, Germans have paid about $130 billion for a climate-change policy that has no impact on global warming. They have subsidized Chinese jobs and other European countries’ reliance on dirty energy sources. And they have needlessly burdened their economy. As even many German officials would probably attest, governments elsewhere cannot afford to repeat the same mistake.
Bjørn Lomborg is the author of The Skeptical Environmentalist and Cool It, head of the Copenhagen Consensus Center, and adjunct professor at Copenhagen Business School.